En vigor la nueva Ley de los Derechos de los Consumidores a la que hay que adaptar el comercio electrónico

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diseño web, comercio electrónico

El viernes pasado, día 13 de junio, entró en vigor la nueva Ley Nacional sobre los Derechos de los Consumidores. Su objetivo es establecer un marco legal homogéneo en los países europeos que facilite los procesos de internacionalización.

Esta normativa, entre otros fines, viene a adaptar el comercio electrónico  a los términos europeos. Los principales cambios son los siguientes:

– Mayor información para el consumidor: el empresario tiene que dar toda la información posible al usuario de manera clara y comprensible, tal como precios, condiciones del servicio, gastos, etc. antes de realizarse el contrato.

– Mayor plazo para efectuar una devolución o una cancelación: el nuevo plazo es de 14 días naturales; antes era de 7.

– No podrá hacerse un cargo adicional al consumidor si antes él no ha dado su consentimiento. Si esto ocurre, el usuario tiene derecho a que la empresa le reembolse la cantidad añadida.

 – Al realizar el pago, el consumidor debe ser consciente de ello, por lo que el botón de compra tiene que tener un término de acción claro, como “Comprar”, “Realizar la compra”, “Pagar”, “Realizar el pago”, o similar.

Hace unos meses os presentamos en el blog el proyecto de reforma de la Ley. Ahora ya la normativa está aquí, y tanto los nuevos sitios web de comercio electrónico que se creen como los ya creados deben adaptarse.

“Política de cookies”, la obligación de los sitios web

Política de Cookies

 

Es probable que últimamente hayas notado que en cada página web en la que se entra hay una ventana de información llamada “Política de cookies”. Es una obligación que tienen, desde abril de 2012 que entró en vigor la Ley, los sitios web que hagan uso de ellas.

 

¿Qué son las cookies?

Una cookie es un archivo que un sitio web descarga en el ordenador o cualquier dispositivo con el que el usuario accede a Internet para que los responsables de su instalación puedan recopilar datos sobre la navegación del usuario y el comportamiento de este en la Red. Con este archivo almacenan información que utilizan más tarde a su favor.

Según el fin para el que vaya a emplearse esa información recogida, hay diferentes tipos de cookies:

Las más extendidas quizá son las cookies de análisis. Estas recogen datos de la navegación del usuario por el sitio web para hacer posteriormente estadísticas con las que se puedan conocer el comportamiento del público.

Pero también existen otras que parecen “más simples” y útiles para el usuario: las cookies técnicas y las cookies de personalización. Las primeras permiten la identificación y autenticación del usuario para poder iniciar sesión o navegar por un sitio web, como ocurre con las redes sociales, por ejemplo, o para hacer un pedido en un portal web. Y las segundas, permiten navegar de forma personalizada mediante selecciones anteriormente hechas, como el idioma o la región desde la que se accede.

Y en el caso de la publicidad, se diferencian las cookies con las que se conocen datos sobre los anuncios colocados en una página web, y las cookies que recogen información del comportamiento de un usuario frente a estos para personalizarlos y hacerlos más efectivos.

 

¿De qué se trata la Ley de Cookies?

Esta ley se incluye en el Artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), denominado Derechos de los destinatarios de servicios. Esta establece lo siguiente:

Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Por lo tanto, lo que obliga esta normativa es que el sitio web debe informar al usuario sobre la utilización de las cookies (qué tipo de cookies emplean y con qué fin), de manera clara y completa, para que el usuario sepa la finalidad de estas y, en consecuencia, consentir el uso o no de las cookies. Sin consentimiento no pueden ser utilizadas.

Es por ello que la información que se facilite en la ventana de “Política de cookies” de la que se hablaba al comienzo tiene que ser dada teniendo en cuenta el usuario medio que accede al sitio web y utilizando el lenguaje adecuado, además de que esta ventana sea visible. Por otro lado, para que el consentimiento sea considerado como válido, el usuario debe dar el sí mediante fórmulas como “acepto” o “consiento”.

Las claves de la “Tasa Google”

tasa google

El pasado 14 de febrero el Gobierno aprobaba el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Rápidamente llamaba la atención lo siguiente: Los agregadores de contenidos deben pagar a los creadores de estos para que puedan ser enlazados.

Los agregadores de contenidos se tratan de páginas webs en las que se recogen noticias y otros artículos, ofreciendo el enlace original del contenido. Algunas de estas páginas son Google News, Yahoo! News, Menéame o Flipboard. Con creadores, por otro lado, el anteproyecto se refiere a los diarios o periódicos digitales y sus editores.

Con la reforma, a la que se ha llamado “Tasa Google”, los agregadores tendrán que pagar a los creadores de esos contenidos que enlazan, siempre y cuando tengan una extensión “significativa”, que aunque no se ha especificado parece que se trataría de frases y párrafos, no de palabras sueltas.

Sin embargo, entre esos agregadores y los creadores hay un intermediario: la entidad de gestión de derechos de textos CEDRO –en el caso de las imágenes se trataría de VEGAP- con la que se tendrá que negociar la compensación económica.

Una cuantía aún desconocida y que se prevé conocer en, como máximo, ocho meses desde que se promulgue la ley. Un plazo dividido en dos etapas: tres meses para establecer cuánto y cómo tienen que pagar los sitios webs, y cinco meses para que se llegue a un acuerdo entre las partes implicadas.

La entidad de gestión mencionada (CEDRO) es la que se encargará de recaudar el dinero, al que los diarios editores no podrán renunciar, porque se trata, según el anteproyecto, de un derecho irrenunciable de las “publicaciones periódicas que tengan una finalidad informativa”. De hecho, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) será la beneficiara de la “tasa Google”.

La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

Modalidades de los cargos bancarios en SEPA: Core y B2B

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Modalidades de cargos bancarios en SEPA

Hace unas semanas informábamos de que el IBAN sería a partir del próximo mes de febrero el único código identificador bancario.  En ese post explicábamos qué era la SEPA y con qué objetivo se establecía una herramienta de cobros y pagos homogénea a nivel europeo.

No es una novedad decir que con la nueva normativa, los datos de las cuentas corrientes de los clientes y proveedores deben migrar al código IBAN.

Ante esto puede surgir la siguiente duda: ¿La empresa debe avisarlos antes de realizar algún movimiento? Contestar a esta pregunta es el motivo del post.

Para realizar transferencias no es necesario que las entidades hagan una verificación adicional. Sin embargo, en el caso de los cargos bancarios hay que diferenciar entre las dos modalidades que existen: modalidad básica (Core) o modalidad B2B.

 

MODALIDAD BÁSICA (Core):

Es la versión que utilizan consumidores, empresas y autónomos.

Para las empresas: si tiene un cliente o proveedor “antiguo” que en el comienzo de la relación dio su consentimiento, no es necesario que ahora envíe una notificación para que autorice los cargos que se operen a partir de la entrada de la nueva norma.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

– El consumidor tiene un plazo máximo de 8 semanas para devolver recibos autorizados. Esto es posible si cuando se dio la autorización en esta no se especificaba el importe exacto o si el importe supera el que esperaba.

– El plazo máximo para solicitar la rectificación de operaciones que no han sido autorizadas o que son incorrectas es de 13 meses. Pero si la empresa tiene una copia del mandato, puede oponerse.

 

MODALIDAD B2B (Business to Business):

Es la versión que solo utilizan empresas y autónomos entre ellos, y además, de manera voluntaria.

Si la empresa opera mediante esta modalidad, debe recibir la autorización del deudor, por lo que .

En este caso, el plazo para tramitar la devolución de los adeudos es de 2 días hábiles.